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(Por Sbr Abogados) La actual situación económica, las negativas previsiones de crecimiento, las medidas de ajustes impuestas por la Unión Europa y la amenaza de intervención por parte de las autoridades comunitarias sobre la economía española, están motivando una serie de recortes importantes del gasto público por parte de los diferentes gobiernos autonómicos entre otras instituciones.

Los ciudadanos de Cataluña somos los que en mayor grado estamos sufriendo esta nueva política de austeridad que desde la Generalitat se ha impulsado a lo largo del último año, tras la llegada de Artur Más (CIU) a la presidencia gobierno de esta comunidad en el mes de noviembre de 2010.

Servicios públicos como la Sanidad, han sido una de las áreas en las que la ciudadanía ha sufrido un mayor impacto de unos servicios considerados como básicos e indispensables. Despidos de profesionales médicos, cierre de plantas de hospitales, consultas y quirófanos cerrados por la tardes, ambulatorios y servicios de urgencias saturados, etc.  Medidas a las que a corto plazo se les unirá el copago por ser tratado como paciente en los diferentes centros de salud sin que ese pago signifique una mejor atención personal.

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(El Mundo.es 19/10/11)

JUSTICIA | Ratifica la legalidad del Real Decreto de 2009

• Esperanza Aguirre impugnó el Decreto porque invade competencias del Estado
• La Comunidad de Murcia también interpuso un recurso
• El Supremo se remite a los parámetros de la reforma de la Ley de Extranjería
• Se atribuye la autorización inicial de trabajo a las Comunidades Autónomas

Europa Press | Madrid

Actualizado lunes 17/10/2011 13:47 horas

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El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto en septiembre de 2009 por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto que ese mismo año reformó la normativa en materia de Extranjería permitiendo que Cataluña y Andalucía pudieran conceder permisos iniciales de trabajo a extranjeros. Según el Gobierno de Esperanza Aguirre, la reforma invade competencias exclusivas del Estado.

La sentencia del alto tribunal dada a conocer este lunes avala la legalidad de la norma y para ello reproduce los argumentos que la Sala ya utilizó el pasado mes de mayo para rechazar un recurso interpuesto en el mismo sentido por la Comunidad de Murcia.

Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo concluye que hay que atenerse a los parámetros de la reforma de la Ley de Extranjería realizada por el Gobierno del PSOE en diciembre 2009, en cuyo artículo 37.3 se atribuye la autorización inicial de trabajo a las comunidades autónomas que hayan asumido competencias ejecutivas en materia laboral.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Campos, reconoce que la Comunidad de Madrid tiene razón al alegar que el citado artículo de la Ley de Extranjería es posterior al Real Decreto impugnado, si bien añade que no cabe duda que la reforma posterior de la Ley, que constituye el texto legal vigente en el momento de resolver este recurso, es el parámetro legal al que hay que atenerse para resolver sobre la legalidad del precepto.

Estatut

Además, el Supremo alude también a la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se interpreta el Estatut de Cataluña, y que avala la atribución a la Generalitat de la competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo del los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña (artículo 138 del Estatut)

Este aval del TC, recuerda, se condiciona a que dicho artículo 138 "se interprete en el sentido de que la competencia ejecutiva en materia de autorización inicial de trabajo se circunscriba al ámbito laboral y no condicione la materia estatal en materia de entrada y residencia de extranjeros en España".

La postura madrileña

En su día, el entonces consejero madrileño de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández Lasquetty, justificó el recurso de la Comunidad de Madrid en el hecho de que las comunidades autónomas que no tienen competencias como las atribuidas a Cataluña y Andalucía quedan "a merced de lo que las otras decidiesen en términos de extranjería".

"La persona a la que una Comunidad Autónoma le hubiera dado el permiso de trabajo inicial podría irse, más pronto o más tarde, a residir a otra Comunidad Autónoma y ser esa Comunidad, por ejemplo la de Madrid, quien tuviera que hacer frente a la escolarización, la asistencia sanitaria y todo lo que corresponde a las prestaciones a las que tiene derecho cualquier extran

CiU desdeña la corrección política en busca de conexión con las opiniones restrictivas populares

El Ejecutivo de Artur Mas endurece sus mensajes y aumenta las exigencias para acceder a ayudas

(www.elperiodico.es) Domingo, 18 de septiembre del 2011

El Gobierno catalán da por consumado un cambio de paradigma en el discurso sobre la inmigración. Las tesis duras sobre los extranjeros ya son la norma. Los tiempos cambian y las necesidades también. El nuevo Ejecutivo de CiU dio por muerto el discurso políticamente correcto cuando llegó al poder. Y se ha aplicado a ello. El buenismo es historia en el Palau de la Generalitat. Otra cosa es concluir que también en el fondo y el contenido ha habido tanta dureza: algunas restricciones en el acceso a ayudas, pero limitadas.

De lo que no hay duda es de que el discurso del Govern ya no contempla el eufemismo. El último ejemplo de ello es reciente. Días atrás, el consellerde Interior, Felip Puig, volvió a demostrar que no le pesa decir las cosas sin miramientos. Afirmó que existe «una cierta tendencia de algunos colectivos que acaban organizándose por etnias o por clanes, como los peruanos en las autopistas, o determinados colectivos rumanos en el robo de cobre, o de sudamericanos en bandas urbanas de pequeña delincuencia en la calle». Y agregó que en su opinión esta sentencia, que asocia el país de origen con algunos delitos, debe ser esgrimida «sin hipocresía». La frase fue matizada: «La delincuencia no tiene raza, ni religión, ni color de piel». Sin embargo, el mensaje quedó claro, y el matiz, en segundo plano.

Quizá la gran diferencia con tiempos pretéritos es que Puig casi no escandalizó a nadie. Su frase pasó prácticamente desapercibida. Su doctrina se antoja la del Govern en su conjunto, en el que, cierto es, no todos viven con el mismo entusiasmo un hecho claro: por primera vez, el Govern ha perdido el miedo a decir en voz alta que los extranjeros no pueden mantener las ayudas que recibían hasta ahora, que deben integrarse si quieren recibir servicios. En definitiva, que más que un activo pueden resultar un inconveniente.

LA CALLE / El discurso duro también lo han asumido representantes destacados del PSC en los municipios, de Àngel Ros en Lleida a Manuel Bustos en Sabadell. Pero donde de verdad parece estar instalado ese discurso es en la calle y en los votantes.

Y el problema es que el discurso políticamente correcto ya no sirve como alternativa al duro. Falta uno nuevo. Entretanto, el Govern de CiU -igual que algunos alcaldes socialistas- se ha aplicado al primero, al de la calle. De momento, ha endurecido el acceso a algunas prestaciones reclamando más años de residencia. Y también ha sembrado dudas. Por ejemplo, sobre si prohibirá el burka. O sobre la posibilidad de elevar la exigencia del conocimiento del catalán para acceder a prestaciones. Quizá los más claros en este terreno hayan sido Puig y el conseller de Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, cuyas frases son las que más estruendo han generado.

Mena, por ejemplo, cuestionó el derecho de muchos beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción a recibirla poniendo el acento en los inmigrantes, si bien reciben esta ayuda por pobres -por resumirlo- y no por foráneos. La cara amable en todo este asunto es la del titular de Benestar i Família, Josep Lluís Clèries, al que no se ve tan cómodo como a Mena en estas situaciones. A Clèries pertenece esta frase: «En immigración tenemos que huir del buenismo y luchar contra el racismo». Lo segundo se da por descontado. Lo primero, corregido y aumentado, ha marcado la gestión del Govern de CiU.

OBRA REALIZADA / El Ejecutivo catalán esgrime su labor en estos ocho meses: entre otros aspectos, un acuerdo con la Federació de Municipis y la Associació de Municipis para establecer un protocolo de actuación en la elaboración de informes de extranjería; la puesta en marcha de un sistema de gestión de expedientes para acceder al arraigo, la reagrupación familiar y la renovación de la residencia temporal; la redacción del reglamento de la ley de acogida, y una denuncia contra Plataforma per Catalunya por atacar a los inmigrantes en su propaganda electoral.

LA GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN | CALLES CONFLICTIVAS

Fuente seca, banco fuera

Ayuntamientos catalanes amplían el catálogo de medidas para aumentar el control del uso que los inmigrantes hacen del espacio público en barrios con elevadas tasas de extranjeros.

El 28 de mayo del 2010 Lleida se convirtió en la primera ciudad de España en que se prohibía el uso del velo integral en equipamientos municipales. Una normativa impulsada por el alcalde, Àngel Ros (PSC), a la que luego se sumaron una decena de municipios catalanes de distinto signo político (Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Manresa, Tarragona, El Vendrell, Reus, Cunit, Figueres y Roses). Para no herir sensibilidades, algunos ayuntamientos recurrieron al eufemismo y vetaron la prenda sin citarla, ya que lo que se prohibió fue ir con la cara tapada en aras de la seguridad.

La restricción al velo integral coincidió, además, con un endurecimiento del discurso sobre los derechos y deberes de la inmigración. Tras los incidentes de Salt del 2010 y el 2011, la entonces alcaldesa, Iolanda Pineda (PSC), se erigió en portavoz de los alcaldes que exigían a la Generalitat y al Gobierno que se tuvieran en cuenta los informes municipales negativos a la hora de denegar permisos de residencia por arraigo a inmigrantes incívicos. Una petición que la secretaria de Estado Ana Terrón se comprometió a cumplir.

Políticas de choque

Algunos ayuntamientos han arbitrado políticas de choque claramente dirigidas al control de la inmigración en el espacio público. Es el caso de Salt y Badalona, donde se han cerrado fuentes para impedir el abastecimiento de agua en la vía pública. Aunque en el caso del municipio del Gironès el regidor de Servicios, Josep Valentí (CiU), argumenta que es una medida «para luchar contra el mosquito tigre», también alega las quejas de los vecinos y el despilfarro de agua. «Había gente que manipulaba los grifos de las fuentes para que saliera agua de forma continua y los dejaban abiertos toda la noche», explica Valentí. El resultado es que se han cerrado 26 de las 30 fuentes que hay en la ciudad.

Un problema similar ocurre en Badalona, cuyo alcalde, Xavier García Albiol (PP), declaró días atrás ante el juez como imputado por un presunto delito de xenofobia. Su concejal de Vía Pública, Daniel Gràcia, afirma que han cerrado tres fuentes porque«grupos de rumanos se bañaban desnudos y lavaban la ropa con detergente».

Badalona, y también L’Hospitalet, una población gobernada por el PSC, han desplazado o suprimido bancos públicos para impedir reuniones nocturnas por parte de grupos ruidosos. Santa Coloma de Gramenet ha ido más lejos y ha decretado el cierre, a partir de las 22.00 horas, de los bazares y pequeños colmados que abrían toda la noche. Su alcaldesa, Núria Parlón (PSC), considera que este tipo de establecimientos atraen a gente a altas horas de la madrugada para comprar alcohol, provocando ruidos y molestias a los vecinos.

Otro capítulo de este tira y afloja es el la prohibición de la construcción de mezquitas. Una oposición que algunos ayuntamientos justifican por motivos estéticos. El alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Cordón (CiU), ha revocado la licencia de obras que el ayuntamiento concedió a la comunidad musulmana porque no le gusta la estética árabe del proyecto del templo.

En Salt, sin embargo, los reparos que el consistorio de Jaume Torramadé (CiU) plantea a un centro de culto islámico se basan en que su actividad no se ajusta a los usos de la zona industrial donde se quiere construir, a pesar de que fue el propio ayuntamiento -cuando estaba gobernado por el PSC y ERC- el que obligó a las dos comunidades musulmanas que lo impulsan a ubicarlo en el polígono Torre Mirona.

LABORAL | Desde el 1 de enero de 2012 pasarán a cotizar en el régimen general.Actualmente hay 700.000 empleadas del hogar, de las que sólo 290.000 cotiza.

Europa Press | Madrid

Actualizado lunes 27/06/2011 14:06 horas

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Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT han alcanzado un principio de acuerdo para integrar desde el 1 de enero de 2012 a las empleadas de hogar en el régimen general de la Seguridad Social, que el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados tratará de introducir vía enmienda en la reforma de las pensiones, durante la votación que tendrá lugar esta mañana, según informó Trabajo.

Este pacto sólo afectará a las cuestiones relacionadas con cotizaciones y prestaciones de estos empleados y no al ámbito de las relaciones laborales, como la protección por desempleo, que podrá articularse a través de normas de rango reglamentario.

El cambio normativo entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y se da un plazo de seis meses naturales para que las empleadas y los titulares de hogares familiares puedan adaptarse a la nueva situación con lo que la integración será plena a partir del 1 de julio de 2012. Además, se establece un periodo transitorio hasta 2019 para que la adaptación no sea lesiva para los empleadores ni tenga consecuencias sobre el empleo.

Según lo acordado, las personas que trabajen como empleadas de hogar al ser dadas de alta en la Seguridad Social deben tener, en primer lugar, un contrato en el que como mínimo se estipule el número de horas de trabajo semanales, el salario mensual o por hora, el salario en especie, si existe pacto de horas de presencia o de pernoctación y su retribución y el número de cuenta bancaria del titular del hogar familiar donde domiciliar la cotización.

Otra de las novedades es que en caso de baja de la actividad laboral, a partir del noveno día la incapacidad temporal correrá a cargo de la Seguridad Social y los empleadores pagarán desde el cuarto día hasta el noveno. Actualmente la Seguridad Social paga la incapacidad Temporal de las empleadas de hogar a partir del día 25.

Asimismo, los titulares de hogares familiares están obligados a presentar las solicitudes de afiliación, altas y bajas y las variaciones de datos.

Cuando el titular del hogar incumpla esta obligación los empleados de hogar podrán solicitar su afiliación y/o alta en las administraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social. Cuando se trabaje para más de un empleador, cada uno de ellos deberá solicitar el alta.

Cotizaciones

En el ámbito de las cotizaciones, se establece una escala tarifada de quince tramos de cotización en función de los salarios percibidos, con cuotas que van desde 19,84 euros al mes por 20 horas de trabajo a la máxima de 164,60 euros al mes para la jornada completa.

Esta distribución tiene la ventaja en relación con la situación actual de cotizar en función de las horas efectivamente trabajadas, desde la primera hora, mientras que hasta la fecha sólo cotizaban aquellas personas que trabajasen para un sólo empleador durante al menos 80 horas mensuales y aquellas que lo hicieran para más de uno durante 72 horas al mes entre todos ellos.

A partir de 2019 se completará la equiparación de la cotización de las empleadas de hogar con la base mínima de cotización de Régimen General y se cotizará por salarios reales.

Los titulares de hogares familiares si contratan a una empleada de hogar cotizarán por contingencias comunes un 18,30% sobre un tipo del 22%, el resto corresponde a la empleada, y un 1,10% por contingencias profesionales.

En el Régimen General, el tipo de cotización por contingencias comunes en 2011 es del 28,30% y al empleador corresponde un 23,60%. Según el acuerdo, ambos tipos de cotización convergerán en un plazo de cinco años, desde 2013 a 2018, incrementándose anualmente en 0,90 puntos porcentuales, pasando del 22% en 2012 al 28,30% en 2019.

En el caso de las trabajadoras que no tengan un contrato a tiempo completo, se beneficiarán de los mecanismos de protección de los empelados tiempo parcial, con lo que a la suma de horas trabajadas se le aplicará un coeficiente multiplicador de tal forma que cada día completo cotizado será reconocido como 1,5 días cotizados.

Por otro lado, las familias numerosas tendrán bonificaciones sobre la cuota que les corresponda por contratar empleadas de hogar. Además, en el caso de que se contrate una empleada de hogar a través de una empresa dedicada a esta actividad, será la empresa quien se encargue de la cotización.

Casi 700.000 nuevos cotizantes

Según precisaron fuentes sindicales, hay más de 700.000 empleados del hogar en España, según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del año, de los que el 93% son mujeres y casi un tercio extranjeros. De estas personas, sólo 290.000 cotizan actualmente.

Con este principio de acuerdo se da cumplimiento a un compromiso que el Gobierno arrastra desde el acuerdo de las pensiones de 2006 y que incluso fue incluido en el Acuerdo Social y Económico (ASE) del pasado 2 de febrero.

Además, de esta forma prácticamente concluye el mandato del Pacto de Toledo de integración de los distintos regímenes existentes en el régimen general y en el régimen de autónomos, después de que se hayan integrado los agricultores por cuenta propia en éste último y esté en trámite parlamentario el proyecto de ley de inclusión de los agricultores por cuenta ajena en el régimen general.

Desde los sindicatos, se había alertado de la necesidad de introducir esta modificación en la reforma de las pensiones, puesto que de no hacerlo se corría el riesgo de que la integración no se materializase hasta la próxima legislatura.

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/02/txt_es.pdf

El 3 de mayo comienza la campaña de la Renta 2010 y desde SBR Abogados queremos informar a todos nuestros clientes que pueden dirigirse al despacho para la realización de las declaraciones y posterior presentación en la delegación de Hacienda correspondiente. Para más información, pueden llamar al teléfono 93 540 75 26 y pedir cita a nuestros profesionales.

(PIEDAD OREGUI 01/05/2011, www.elpais.es) Desde el próximo 3 de mayo y hasta el 30 de junio de 2011, ambos inclusive -si se domicilia el pago, el plazo termina tres días antes-, toca hacer la declaración de renta 2010. No hay cambios en lo relativo a quién debe presentar sus cuentas. Serán todas aquellas personas que obtuvieron en 2010 rentas del trabajo superiores a los 22.000 euros (un pagador) o por encima de los 11.200 euros (más de un pagador, cuando la suma del segundo y siguientes supera los 1.500 euros); que dichos rendimientos correspondan a pensiones compensatorias; que se hayan obtenido ganancias patrimoniales de más de 1.600 euros…

Entre las novedades de cara a esta declaración hay que destacar las que afectan de lleno a los trabajadores que perdieron a lo largo de 2010 su trabajo, ya que se incrementa de 12.020 a 15.500 euros en 2010 el importe máximo exento por prestaciones de desempleo percibidas en la modalidad de pago único. Para los perceptores de rentas en general hay que recordar que desapareció en 2010 la deducción de 400 euros si el conjunto de ingresos supera los 12.000 euros anuales. Para bases imponibles entre 8.000 y 12.000 euros, la deducción es decreciente, manteniéndose en su totalidad para bases inferiores a 8.000 euros.

Otra de las novedades más significativas de esta declaración afecta a los rendimientos del capital mobiliario como intereses y dividendos, ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de bienes y derechos… Por primera vez, estos rendimientos que constituyen la base liquidable del ahorro pasan a tributar a una escala de dos tramos: al 19% los 6.000 primeros euros y al 21% el exceso sobre dicha cifra. No hay que olvidar a este respecto que no se consideran rentas, entre otros muchos importes, los dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en beneficios con el límite anual de 1.500 euros, las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto en la transmisión (también por donación) de la vivienda habitual por mayores de 65 años… Las Sicav sí estrenan, por el contrario, nuevo régimen fiscal, ya que en esta declaración tendrán que incluir como rendimientos del capital mobiliario las reducciones de capital con devolución de aportaciones y reparto de la prima de emisión llevadas a cabo desde el 23 de septiembre de 2010.

Sobre los aspectos importantes de cara a esta declaración que se mantienen igual que en años anteriores hay que destacar que no están sujetas a IRPF, entre otras, las primas de seguro de enfermedad del trabajador y su familia directa (cónyuge e hijos) pagadas por la empresa, con un máximo de 500 euros por persona y año. Por supuesto, siguen deduciendo las aportaciones a sistemas de previsión social: planes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados o seguros privados de dependencia, hasta un importe máximo de entre 10.000 y 12.500 euros.

Como casi todos los años, 2010 fue prolijo en nuevas normas fiscales. A veces, sobre todo si estas afectan directamente y de forma general al IRPF, suele generarse cierta confusión entre los contribuyentes sobre qué "entra" o no en esta declaración de renta. Por ejemplo, no será hasta mayo de 2012 (sobre el ejercicio 2011) cuando se aplique una nueva tarifa estatal para las rentas más altas al haberse aprobado dos nuevos tramos (a partir de 120.000 y 175.000 euros) a tipos en el tramo estatal (habitualmente se duplica) del 22,5% y 23,5%, respectivamente.

El asunto más general afecta a las hipotecas. En esta declaración de renta no hay cambios significativos en los aspectos generales de la deducción que estas incorporan; es más, se ha incluido una nueva para obras de rehabilitación. Por tanto, por ahora se mantiene la deducción general del 15% sobre 9.015 euros (aumenta hasta los 12.020 euros y el 20% cuando se trata de obras e instalaciones de adecuación por razón de discapacidad). Este mismo porcentaje del 20% (sobre los primeros 4.507 euros pagados por la financiación ajena) es el que, de nuevo, pueden utilizar quienes adquirieron su vivienda antes del 20 de enero de 2006.

La nueva deducción del 10% por obras de mejora de la vivienda habitual (eficiencia energética, higiene y medio ambiente, accesibilidad…) se aplica sobre un máximo anual de 4.000 euros por vivienda (12.000 en total) respecto de las cantidades satisfechas (no se admiten en metálico) desde el 14 de abril de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012. Estas cantidades son incompatibles, según explican desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), con la deducción para adquirir vivienda, "aunque pueden deducirse importes diferentes pagados por el mismo tipo de obra". Esta deducción (aunque se va reduciendo a medida que aumentan las rentas) es válida para ingresos inferiores a 53.007,20 euros y podrá utilizarse cuatro años.

No será hasta la próxima declaración de renta cuando la deducción general de vivienda -únicamente para quienes se hipotequen a partir del 1 de enero de 2011, pues el resto de contribuyentes mantendrá sus derechos adquiridos al respecto- se limite a personas con rentas inferiores a 24.107,20 euros.

En materia de vivienda también es importante hacer algunas precisiones sobre el alquiler. Para los arrendadores se mantiene en esta declaración la reducción de su rendimiento neto (diferencia entre ingresos y gastos) en un 50%. Es importante tener en cuenta, tal y como señala el REAF, que no puede utilizarse en arrendamientos de temporada (a estudiantes por el curso, por vacaciones, etcétera) o si al mediar una sociedad pública de alquiler, el inquilino final sea esta. Por su parte, si el inquilino tiene entre 18 y 35 años y unos ingresos totales en 2010 superiores a 7.455,14 euros, los propietarios aumentan su reducción hasta el 100%.

No será hasta la declaración sobre 2011 cuando se incremente la reducción general del rendimiento neto para el propietario de vivienda alquilada del 50% al 60%. Para poder emplear la reducción del 100% por el propietario que alquila vivienda a jóvenes, se reduce la edad del inquilino a la banda entre 18 y 30 años. -

(Publicado en El Correo el 10/04/11) La población total de origen extranjero asciende a 180.000 personas, lo que supone el 8,2% del censo.

El flujo migratorio hacia Euskadi que vaticinaron los demógrafos al inicio de la crisis -un goteo procedente de otras autonomías con mayor paro- está siendo más intenso que el apuntado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (144.551 inmigrantes empadronados a 1 de enero de 2011). El Gobierno vasco calcula que, en realidad, hay unas 180.000 personas de origen extranjero afincadas en la comunidad, lo que representa el 8,2% del censo, en vez del 6,6% estimado en el avance del INE. La explicación de ese desfase es que, según un análisis provisional del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, 35.000 extranjeros establecidos en el País Vasco -25.000 de ellos, latinoamericanos- han conseguido la nacionalidad española durante la última década. De acuerdo con los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, la cifra asciende a 450.000 personas en el conjunto de España.

Ese proceso empezó a llamar la atención en Euskadi en 2008, ya que desde entonces han conseguido el pasaporte español más de 10.000 latinoamericanos, que en la mayoría de los casos -y al igual que los filipinos y guineanos- pueden pedir el pasaporte español a los dos años de residencia, mientras que al resto de los extranjeros se les exige diez. Los efectos de las nacionalizaciones -que también son posibles en caso de matrimonio con un autóctono- se han dejado sentir en el censo, ya que los colectivos de nacionales colombianos, ecuatorianos y bolivianos del País Vasco tienen hoy ligeramente menos miembros empadronados que el año pasado y han sido superados por los de rumanos y marroquíes. Del mismo modo, otras comunidades latinoamericanas se han estancado o han crecido a menos ritmo.

Registro Civil

Ciertamente, en esa situación ha influido el retorno de algunos inmigrantes a sus lugares de origen a causa del parón económico. Sin embargo, en Euskadi también se ha mantenido un flujo paralelo de entradas, más modesto que en la pasada década, aunque continuo. De hecho, con 5.182 extranjeros empadronados más que en 2010, el País Vasco ha alcanzado un nuevo récord de población (2.183.615 habitantes) gracias a la aportación de los trabajadores foráneos. A la postre, lo que ha recortado el tamaño de algunos grupos extranjeros ha sido el trasvase de miles de personas desde las estadísticas de inmigración, que les permiten acceder a los servicios públicos, a las de ciudadanos autóctonos, que les otorgan plenos derechos jurídicos.

De todos modos, ni siquiera el recuento de nacionalizaciones es suficiente para valorar la verdadera dimensión de la inmigración. También hay que repasar el Registro Civil, ya que el 17,3% de los nacimientos que se inscriben anualmente en Euskadi son de una pareja foránea o mixta. Álava, con el 23,9%, registra la media española, mientras que Vizcaya (17%) y Guipúzcoa (14,9%) aparecen por debajo. A la vista de esas cifras, el director de Inmigración del Gobierno vasco, Miguel González, cree que las instituciones deben dejar de centrarse exclusivamente en las cuestiones jurídicas de extranjería -aunque sin olvidarlas, teniendo en cuenta los efectos de la crisis y los cambios de legislación- para abordar los retos de una sociedad que empieza a ser étnicamente diversa, como en otros países europeos. «Una vez que muchos inmigrantes están alcanzando la igualdad jurídica, hay que buscar la igualdad real», resume González. «Tenemos que insistir en que Euskadi sería menos próspera sin los inmigrantes que trabajan y consumen aquí», añade.

En la Administración vasca son conscientes de que la inmigración ha entrado en una nueva fase. El pasado año, Euskadi fue la segunda autonomía donde los no nacionales aumentaron más en términos absolutos, si bien a gran distancia de Andalucía. Esa tendencia no se detendrá en los próximos años, ya que la estructura de la economía vasca -con menos desempleo, menos construcción y menos actividades sumergidas- la convierte en un factor de atracción natural.

Actualmente, el Pais Vasco es la única comunidad donde crece a buen ritmo la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social (51.200). Según la consejería de Gemma Zabaleta, la tasa de ocupación se sitúa en este capítulo seis puntos por encima de la media estatal. Unos 35.000 extranjeros carecen de ‘papeles’ en Euskadi, un número relativamente reducido en comparación con otras regiones. Y uno de cada cinco trabajadores foráneos ha llegado desde otro punto de España, aunque si se analizan sólo los que están establecidos desde 2008, la proporción sería mucho más alta.

«En diez años, la sociedad vasca será totalmente distinta de la actual», pronostica Xabier Aierdi, profesor de Sociología de la Universidad del País Vasco (UPV). De hecho, la población inmigrante aumentará de forma sustancial a medio plazo, incluso por encima del 10% del censo (más de 220.000 personas si el padrón actual se mantiene estable). ¿El motivo? Con la emancipación de la mujer y su incorporación al mundo laboral, los hogares vascos se transformarán definitivamente en ‘empresas’ generadoras de puestos de trabajo para los extranjeros en el ámbito doméstico y el cuidado de las personas dependientes, un cometido que antes asumían las amas de casa y la solterona o el solterón de la familia.

Huecos demográficos

«Las mentalidades han cambiado. ¿Qué padre desea hoy que su hija con estudios se quede en casa?», resume Aierdi, quien advierte de que el cambio de valores es estructural y avanzará con la crisis o sin ella. Esa evolución, unida a los bajos salarios, los empleos inseguros y los escasos incentivos a la natalidad, creará en Euskadi ‘huecos’ demográficos que los inmigrantes cubrirán de forma natural y, de momento, con un grado de integración que la mayoría de los estudios realizados considera aceptable, si bien los expertos están emplazando a los políticos a encarar cuanto antes controversias como la alimentada por la oposición a la mezquita bilbaína de Basurto.

«Con el DNI me dejan tranquilo»

«De todos modos, no creo que el discurso xenófobo se haya endurecido», puntualiza Xabier Aierdi, a la sazón exdirector del Observatorio Vasco de la Inmigración (Ikuspegi). «Es el mismo discurso de siempre, basado en la creencia de que hay una legislación específica para extranjeros, etc. Lo que ocurre es que ahora todo eso se escucha más». No obstante, el docente de la UPV destaca que en Euskadi las palabras no se han trasladado «a los comportamientos». Bajo la retórica contra la inmigración discurre silenciosamente el «contacto humano». El de la mujer inmigrante que cuida a un anciano. El de la familia que ayudó a un trabajador extranjero a obtener los papeles…

Su nombre es Hicham, tiene 33 años y ya no es marroquí. «Desde que tengo el documento nacional de identidad (DNI) me dejan tranquilo. Cuando lo enseñas, el policía pone otra cara», afirma el joven, registrado como trabajador autónomo. Se afincó en el País Vasco en 2001 procedente de Italia y, «como tenía un buen currículo y hablo cinco idiomas», apenas tardó cuatro días en encontrar un empleo en la hostelería. «Y eso que sólo había venido a pasar las navidades».

Desde entonces reside en la capital vizcaína, donde se integró con facilidad, consiguió papeles, formó «un grupo de amigos» y ha regentado dos negocios. «En Italia te sientes extranjero, pero aquí no. Ésa es la diferencia entre un lugar y otro», aclara Hicham, que se marchó de su país de origen hace 17 años, cuando era un adolescente.

La idea de cambiar de nacionalidad surgió debido a la suspicacia de los cuerpos policiales con los extranjeros, sobre todo en los últimos tres años. «Un agente municipal me quitó el carné de conducir porque decía que era falso. Estuve un mes sin él», relata Hicham, que decidió vender su ‘Audi’ cansado de que le registraran el vehículo porque «creen que un marroquí no puede permitirse un coche caro».

El DNI no solo le facilita transitar por la calle con tranquilidad. También puede aspirar a más puestos de trabajo y, sobre todo, participar en campeonatos deportivos de los que estaba excluido por su condición de extranjero. «Soy judoka, ahora podré competir como nacional».

Tras la exposición del texto del borrador en el Congreso de los Diputados, la secretaría de Estado de Inmigración y Emigración aguarda el informe del Consejo de Estado.

(Publicado en www.latinoamericaexterior.com) Cerrado el 25 de febrero el plazo de audiencia pública, en el que tras la presentación del texto del borrador del Reglamento de la Ley de Extranjería a los agentes sociales, éstos pudieron emitir sus opiniones, el trámite continúa ahora con el estudio de las alegaciones presentadas por Comunidades Autónomas y otras instancias, a las que se hizo lugar.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración informaron a Latinoamérica Exterior de que se estima que tras la presentación y visto bueno del Consejo de Estado, fecha que aún no ha sido fijada, el nuevo Reglamento de Extranjería estaría aprobado a principios del mes de abril. Sindicatos, empresarios, abogados, ONGs y Comunidades Autónomas han presentado. Tras ser consideradas, el final será un “nuevo texto”, como dijo la secretaria de Estado Anna Terrón.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, compareció el miércoles 9 de marzo en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados para presentar el borrador del Reglamento de la Ley de Extranjería. Este es un paso más en el camino del Reglamento hasta su aprobación.

Cerrado el 25 de febrero el plazo de audiencia pública, en el que se presentó el texto del borrador del Reglamento de la Ley de Extranjería a los agentes sociales para que pudieran emitir sus opiniones, el trámite continúa ahora con el estudio de las alegaciones presentadas por Comunidades Autónomas y otras instancias, a las que se hizo lugar. Fuentes de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración informaron a Latinoamérica Exterior de que se estima tras la presentación y visto bueno del Consejo de Estado, el nuevo Reglamento de Extranjería estaría aprobado a principios del mes de abril.

Terrón quiso destacar en el Congreso que el Reglamento de Extranjería, que debe desarrollar la reforma de la Ley de 2009, es un instrumento que quiere “dar respuestas ágiles y eficaces a los retos actuales ante el nuevo contexto migratorio”. Tras la fase de audiencia pública, dijo la secretaria de Estado, el borrador del Reglamento se presenta como “un texto de diálogo y consenso”.

En su opinión, el texto consolida un modelo, impulsado desde 2004, basado en la regularidad y vinculado a la situación actual de empleo. Y con esta voluntad de relacionar inmigración y mercado de trabajo, el Reglamento ofrece mayor estabilidad a los contratos entre empleadores y personas extranjeras, para evitar posibles contrataciones de conveniencia. De este modo, en el supuesto de que el empleador no responda a razones objetivas al finalizar esta relación laboral no podrá volver a contratar a ningún trabajador extranjero en los siguientes tres años. La secretaria de Estado recordó ayer que el texto se refiere a “empleadores, no a empresas. Y en este país, los empleadores somos muchos”.

Por otro lado, Anna Terrón también insistió en la excepcionalidad de los informes relativos al esfuerzo de integración, que deben emitir las Administraciones autonómicas dentro de los procedimientos sobre renovación de autorizaciones de residencia. Éstos “no deberán presentarse cuando se cumplan los otros requisitos necesarios para las renovaciones”, recalcó la secretaria de Estado. El Reglamento desarrolla el contenido mínimo que debe incluir estos informes.

La cuestión de los informes relativos a la integración fue uno de los puntos más conflictivos en la discusión sobre el texto del nuevo Reglamento durante la V Conferencia Sectorial de Inmigración, celebrada el 22 de febrero en Madrid. No sólo los consejeros de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular se manifestaron en contra, sino también alguna incluso dirigida por los socialistas.
Ese fue el caso del Princip

ado de Asturias, representado por el viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González, quien habló de que el borrador del Reglamento incluye “la imposición” a las Comunidades Autónomas de emitir esos informes en aquellos casos que no cumplan con alguno de los requisitos necesarios para renovar su permiso de residencia o trabajo.
Desde la Secretaría, en tanto, se valoró que en la reunión, que duró alrededor de cuatro horas, se produjo entre el “diálogo constructivo” y las “consignas de partido”, como dijo Terrón, en un aparte en el encuentro. Según la secretaria de Estado, en la reunión prevaleció un diálogo “constructivo y sensato”.

Terrón explicó que con las objeciones y propuestas de las Comunidades Autónomas “vamos a elaborar un nuevo texto del reglamento”.En general, la posición de las Comunidades Autónomas estuvo dividida entre quienes, como Andalucía, presente a través de su consejero de Empleo, Manuel Recio, consideraron que el reglamento “viene a mejorar la situación de los inmigrantes más vulnerables”, y Murcia o Madrid, que critican que el desarrollo de la Ley de extranjería llega tarde, sin consenso y sin fondos.

Así, Recio manifestó su apoyo al borrador por considerar que desarrolla de forma adecuada la normativa básica, mejora la situación de los “más vulnerables y liga la inmigración al mercado de trabajo”.
Por contra, la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración de Madrid, Paloma Adrados, coincidió con los demás representantes de gobiernos autonómicos del PP al señalar que el reglamento llega tarde y sin concertación y trata a las autonomías de “meras Viene de página 3
comparsas” del Gobierno.

Los representantes del PP llegaron a la Conferencia con una posición común, que la consejera madrileña explicó. El Reglamento “no mejora de ninguna manera la Ley de Extranjería y no fomenta la inmigración ordenada y legal” y que ninguna de las comunidades autónomas del PP están dispuestas a asumir responsabilidades en inmigración que le corresponden al Estado, como elaborar informes para que los extranjeros obtengan permisos de residencia o trabajo.

En ese sentido, Terrón explicó que la elaboración de informes de integración estaba específicamente contemplado en la Ley y que lo único nuevo es un “informe subsidiario para personas que no tienen otra manera de acreditar alguna renovación y que afecta a un número muy pequeño de personas y que está previsto por la Ley en su artículo 31.7”.

Así pues, “no hay fondos específicos porque no hay acciones específicas más allá de las que ya se están haciendo”, ha dicho.Las conversaciones no fueron tan conflictivas en las reuniones con los agentes sociales, cono quienes la secretaria de Estado llegó a un acuerdo sobre el borrador que mejora los procesos de contratación en origen y los trámites de renovación de los permisos. En más de dos horas de reunión, Terrón y los representantes de las patronales CEOE y CEPYME, y los sindicatos CCOO y UGT consensuaron también aspectos sobre la integración y reagrupación familiar de los inmigrantes y la posibilidad de conseguir papeles partiendo de una situación irregular.

“El diálogo social ha llegado a buen puerto”, subrayó Terrón en declaraciones a Efe, quien agradeció el “esfuerzo” realizado por las partes para lograr un acuerdo sobre “una ley para la que no hubo acuerdo”.

Según se comunicó de forma oficial tras la reunión, los principales elementos de acuerdo fueron:

-Fortalecer y mejorar los distintos canales de migración laboral regular, mediante una regulación de flujos basada en la contratación en origen.

-Mejorar los sistemas para acreditar que no hay trabajadores residentes en España que puedan cubrir los puestos de trabajo ofertados, garantizando que cuando haya que acudir a la contratación en origen, esta sea posible y ágil como para dar respuesta a las necesidades empresariales.

-Garantizar los derechos de los trabajadores migrantes y su integración social, incluyendo la sistematización de la regulación de la reagrupación familiar.

-Abordar las renovaciones de las autorizaciones de residencia y trabajo desde la perspectiva de favorecer el mantenimiento de la situación de regularidad, la continuidad en el mercado de trabajo y la empleabilidad.

-Dar soporte a la internacionalización de las empresas.

-Trasponer a la legislación española las Directivas Europeas haciéndolas compatibles y respetuosas con la situación nacional de empleo y con la competitividad de las empresas españolas.

-Garantizar el equilibrio entre el objetivo compartido de favorecer la migración regular y la existencia de posibilidades de acceder, desde la situación administrativa irregular, a la documentación en casos excepcionales e individualizados.

- Incrementar la información dirigida a los Interlocutores Sociales, sobre el desarrollo de los distintos procesos de regulación de flujos migratorios laborales.

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) pidió al Gobierno que garantice que los inmigrantes ilegales que sean menores de edad no acompañados de un adulto tengan la asistencia de un abogado de oficio obligatoria. El informe de la abogacía subraya la necesidad de garantizar los derechos de los menores “desde el momento de su localización y a lo largo de todo el procedimiento de repatriación, incluyendo el proceso de determinación de la edad y protección por desamparo”.

Así, los expertos de extranjería del CGAE se muestran “contrarios a penalizar a un menor hijo de residentes legales con dos años de residencia irregular” tal y como recoge el borrador del Reglamento de Extranjería.

Para los abogados, este periodo de carencia debería ser “eliminado o al menos disminuido”, ya que “una anormal actuación” de los padres no debería repercutir en los derechos del menor, han considerado.

Mientras transcurren los plazos que harán que a principios de abril el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería esté aprobado, la Casa de América quiso dar oportunidad de conocer el alcance de este texto de la mano de tres expertos en el tema: Markus González Beilfuss, director general de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración; Ramiro García de Dios, magistrado del Juzgado número 6 de Madrid; y Cristina Olmedo, asesora jurídica de la Red Acoge. El debate, que tuvo lugar el 15 de marzo en la sede de la Casa.

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