ASEGURA TU SALUD SIN TEMOR A LOS RECORTES DE LA SANIDAD PÚBLICA

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(Por Sbr Abogados) La actual situación económica, las negativas previsiones de crecimiento, las medidas de ajustes impuestas por la Unión Europa y la amenaza de intervención por parte de las autoridades comunitarias sobre la economía española, están motivando una serie de recortes importantes del gasto público por parte de los diferentes gobiernos autonómicos entre otras instituciones.

Los ciudadanos de Cataluña somos los que en mayor grado estamos sufriendo esta nueva política de austeridad que desde la Generalitat se ha impulsado a lo largo del último año, tras la llegada de Artur Más (CIU) a la presidencia gobierno de esta comunidad en el mes de noviembre de 2010.

Servicios públicos como la Sanidad, han sido una de las áreas en las que la ciudadanía ha sufrido un mayor impacto de unos servicios considerados como básicos e indispensables. Despidos de profesionales médicos, cierre de plantas de hospitales, consultas y quirófanos cerrados por la tardes, ambulatorios y servicios de urgencias saturados, etc.  Medidas a las que a corto plazo se les unirá el copago por ser tratado como paciente en los diferentes centros de salud sin que ese pago signifique una mejor atención personal.

Ante esta compleja situación, SBR Abogados quiere informar a sus clientes que en nuestro despacho pueden asesorarse de los Seguros de Salud que comercializamos con una amplía variedad de garantías, coberturas y niveles de asistencia sanitaria de calidad.  Tal como se detallan a continuación en las siguiente modalidades:

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  Familiar: Seguro de asistencia sanitaria con el que podrá elegir libremente dentro del cuadro médico concertado, sin límite de capital y con el que, a cambio de una prima más reducida en su seguro, coparticipará en el coste de los servicios recibidos a través de los copagos.

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• Premium: Seguro de libre elección de centros y facultativos, con un 100% de reembolso en España y un 80% en el extranjero, que reúne todas las garantías de  un amplio cuadro médico, los centros y hospitales más prestigiosos, los procedimientos de última tecnología… Y multitud de ventajas exclusivas que lo convierten en el mejor seguro del mercado.

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  Con solo una llamada será atendido personalmente por un equipo médico.
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  A su disposición a cualquier hora y de forma totalmente confidencial.
• Línea de Orientación Pediátrica 24 horas
  Un servicio de atención médica telefónica atendido por expertos en Salud Infantil con quien consultar cualquier problema de salud que afecte a los menores de 14 años.
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  Acceso a una técnica de alto valor terapéutico, a través del reembolso de gastos, en bancos recomendados.
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  Incluye visitas, extracciones, curas posteriores y limpiezas. Además, si contrata la opción dental dispondrá de reembolso de gastos en empastes.
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SBR ABOGADOS

El Tribunal Supremo avala que Andalucía y Cataluña puedan conceder permisos de trabajo

(El Mundo.es 19/10/11)

JUSTICIA | Ratifica la legalidad del Real Decreto de 2009

• Esperanza Aguirre impugnó el Decreto porque invade competencias del Estado
• La Comunidad de Murcia también interpuso un recurso
• El Supremo se remite a los parámetros de la reforma de la Ley de Extranjería
• Se atribuye la autorización inicial de trabajo a las Comunidades Autónomas

Europa Press | Madrid

Actualizado lunes 17/10/2011 13:47 horas

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El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto en septiembre de 2009 por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto que ese mismo año reformó la normativa en materia de Extranjería permitiendo que Cataluña y Andalucía pudieran conceder permisos iniciales de trabajo a extranjeros. Según el Gobierno de Esperanza Aguirre, la reforma invade competencias exclusivas del Estado.

La sentencia del alto tribunal dada a conocer este lunes avala la legalidad de la norma y para ello reproduce los argumentos que la Sala ya utilizó el pasado mes de mayo para rechazar un recurso interpuesto en el mismo sentido por la Comunidad de Murcia.

Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo concluye que hay que atenerse a los parámetros de la reforma de la Ley de Extranjería realizada por el Gobierno del PSOE en diciembre 2009, en cuyo artículo 37.3 se atribuye la autorización inicial de trabajo a las comunidades autónomas que hayan asumido competencias ejecutivas en materia laboral.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Campos, reconoce que la Comunidad de Madrid tiene razón al alegar que el citado artículo de la Ley de Extranjería es posterior al Real Decreto impugnado, si bien añade que no cabe duda que la reforma posterior de la Ley, que constituye el texto legal vigente en el momento de resolver este recurso, es el parámetro legal al que hay que atenerse para resolver sobre la legalidad del precepto.

Estatut

Además, el Supremo alude también a la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se interpreta el Estatut de Cataluña, y que avala la atribución a la Generalitat de la competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo del los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña (artículo 138 del Estatut)

Este aval del TC, recuerda, se condiciona a que dicho artículo 138 "se interprete en el sentido de que la competencia ejecutiva en materia de autorización inicial de trabajo se circunscriba al ámbito laboral y no condicione la materia estatal en materia de entrada y residencia de extranjeros en España".

La postura madrileña

En su día, el entonces consejero madrileño de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández Lasquetty, justificó el recurso de la Comunidad de Madrid en el hecho de que las comunidades autónomas que no tienen competencias como las atribuidas a Cataluña y Andalucía quedan "a merced de lo que las otras decidiesen en términos de extranjería".

"La persona a la que una Comunidad Autónoma le hubiera dado el permiso de trabajo inicial podría irse, más pronto o más tarde, a residir a otra Comunidad Autónoma y ser esa Comunidad, por ejemplo la de Madrid, quien tuviera que hacer frente a la escolarización, la asistencia sanitaria y todo lo que corresponde a las prestaciones a las que tiene derecho cualquier extran

El Gobierno catalán afila su discurso y sus políticas para los inmigrantes

CiU desdeña la corrección política en busca de conexión con las opiniones restrictivas populares

El Ejecutivo de Artur Mas endurece sus mensajes y aumenta las exigencias para acceder a ayudas

(www.elperiodico.es) Domingo, 18 de septiembre del 2011

El Gobierno catalán da por consumado un cambio de paradigma en el discurso sobre la inmigración. Las tesis duras sobre los extranjeros ya son la norma. Los tiempos cambian y las necesidades también. El nuevo Ejecutivo de CiU dio por muerto el discurso políticamente correcto cuando llegó al poder. Y se ha aplicado a ello. El buenismo es historia en el Palau de la Generalitat. Otra cosa es concluir que también en el fondo y el contenido ha habido tanta dureza: algunas restricciones en el acceso a ayudas, pero limitadas.

De lo que no hay duda es de que el discurso del Govern ya no contempla el eufemismo. El último ejemplo de ello es reciente. Días atrás, el consellerde Interior, Felip Puig, volvió a demostrar que no le pesa decir las cosas sin miramientos. Afirmó que existe «una cierta tendencia de algunos colectivos que acaban organizándose por etnias o por clanes, como los peruanos en las autopistas, o determinados colectivos rumanos en el robo de cobre, o de sudamericanos en bandas urbanas de pequeña delincuencia en la calle». Y agregó que en su opinión esta sentencia, que asocia el país de origen con algunos delitos, debe ser esgrimida «sin hipocresía». La frase fue matizada: «La delincuencia no tiene raza, ni religión, ni color de piel». Sin embargo, el mensaje quedó claro, y el matiz, en segundo plano.

Quizá la gran diferencia con tiempos pretéritos es que Puig casi no escandalizó a nadie. Su frase pasó prácticamente desapercibida. Su doctrina se antoja la del Govern en su conjunto, en el que, cierto es, no todos viven con el mismo entusiasmo un hecho claro: por primera vez, el Govern ha perdido el miedo a decir en voz alta que los extranjeros no pueden mantener las ayudas que recibían hasta ahora, que deben integrarse si quieren recibir servicios. En definitiva, que más que un activo pueden resultar un inconveniente.

LA CALLE / El discurso duro también lo han asumido representantes destacados del PSC en los municipios, de Àngel Ros en Lleida a Manuel Bustos en Sabadell. Pero donde de verdad parece estar instalado ese discurso es en la calle y en los votantes.

Y el problema es que el discurso políticamente correcto ya no sirve como alternativa al duro. Falta uno nuevo. Entretanto, el Govern de CiU -igual que algunos alcaldes socialistas- se ha aplicado al primero, al de la calle. De momento, ha endurecido el acceso a algunas prestaciones reclamando más años de residencia. Y también ha sembrado dudas. Por ejemplo, sobre si prohibirá el burka. O sobre la posibilidad de elevar la exigencia del conocimiento del catalán para acceder a prestaciones. Quizá los más claros en este terreno hayan sido Puig y el conseller de Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, cuyas frases son las que más estruendo han generado.

Mena, por ejemplo, cuestionó el derecho de muchos beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción a recibirla poniendo el acento en los inmigrantes, si bien reciben esta ayuda por pobres -por resumirlo- y no por foráneos. La cara amable en todo este asunto es la del titular de Benestar i Família, Josep Lluís Clèries, al que no se ve tan cómodo como a Mena en estas situaciones. A Clèries pertenece esta frase: «En immigración tenemos que huir del buenismo y luchar contra el racismo». Lo segundo se da por descontado. Lo primero, corregido y aumentado, ha marcado la gestión del Govern de CiU.

OBRA REALIZADA / El Ejecutivo catalán esgrime su labor en estos ocho meses: entre otros aspectos, un acuerdo con la Federació de Municipis y la Associació de Municipis para establecer un protocolo de actuación en la elaboración de informes de extranjería; la puesta en marcha de un sistema de gestión de expedientes para acceder al arraigo, la reagrupación familiar y la renovación de la residencia temporal; la redacción del reglamento de la ley de acogida, y una denuncia contra Plataforma per Catalunya por atacar a los inmigrantes en su propaganda electoral.

LA GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN | CALLES CONFLICTIVAS

Fuente seca, banco fuera

Ayuntamientos catalanes amplían el catálogo de medidas para aumentar el control del uso que los inmigrantes hacen del espacio público en barrios con elevadas tasas de extranjeros.

El 28 de mayo del 2010 Lleida se convirtió en la primera ciudad de España en que se prohibía el uso del velo integral en equipamientos municipales. Una normativa impulsada por el alcalde, Àngel Ros (PSC), a la que luego se sumaron una decena de municipios catalanes de distinto signo político (Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Manresa, Tarragona, El Vendrell, Reus, Cunit, Figueres y Roses). Para no herir sensibilidades, algunos ayuntamientos recurrieron al eufemismo y vetaron la prenda sin citarla, ya que lo que se prohibió fue ir con la cara tapada en aras de la seguridad.

La restricción al velo integral coincidió, además, con un endurecimiento del discurso sobre los derechos y deberes de la inmigración. Tras los incidentes de Salt del 2010 y el 2011, la entonces alcaldesa, Iolanda Pineda (PSC), se erigió en portavoz de los alcaldes que exigían a la Generalitat y al Gobierno que se tuvieran en cuenta los informes municipales negativos a la hora de denegar permisos de residencia por arraigo a inmigrantes incívicos. Una petición que la secretaria de Estado Ana Terrón se comprometió a cumplir.

Políticas de choque

Algunos ayuntamientos han arbitrado políticas de choque claramente dirigidas al control de la inmigración en el espacio público. Es el caso de Salt y Badalona, donde se han cerrado fuentes para impedir el abastecimiento de agua en la vía pública. Aunque en el caso del municipio del Gironès el regidor de Servicios, Josep Valentí (CiU), argumenta que es una medida «para luchar contra el mosquito tigre», también alega las quejas de los vecinos y el despilfarro de agua. «Había gente que manipulaba los grifos de las fuentes para que saliera agua de forma continua y los dejaban abiertos toda la noche», explica Valentí. El resultado es que se han cerrado 26 de las 30 fuentes que hay en la ciudad.

Un problema similar ocurre en Badalona, cuyo alcalde, Xavier García Albiol (PP), declaró días atrás ante el juez como imputado por un presunto delito de xenofobia. Su concejal de Vía Pública, Daniel Gràcia, afirma que han cerrado tres fuentes porque«grupos de rumanos se bañaban desnudos y lavaban la ropa con detergente».

Badalona, y también L’Hospitalet, una población gobernada por el PSC, han desplazado o suprimido bancos públicos para impedir reuniones nocturnas por parte de grupos ruidosos. Santa Coloma de Gramenet ha ido más lejos y ha decretado el cierre, a partir de las 22.00 horas, de los bazares y pequeños colmados que abrían toda la noche. Su alcaldesa, Núria Parlón (PSC), considera que este tipo de establecimientos atraen a gente a altas horas de la madrugada para comprar alcohol, provocando ruidos y molestias a los vecinos.

Otro capítulo de este tira y afloja es el la prohibición de la construcción de mezquitas. Una oposición que algunos ayuntamientos justifican por motivos estéticos. El alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Cordón (CiU), ha revocado la licencia de obras que el ayuntamiento concedió a la comunidad musulmana porque no le gusta la estética árabe del proyecto del templo.

En Salt, sin embargo, los reparos que el consistorio de Jaume Torramadé (CiU) plantea a un centro de culto islámico se basan en que su actividad no se ajusta a los usos de la zona industrial donde se quiere construir, a pesar de que fue el propio ayuntamiento -cuando estaba gobernado por el PSC y ERC- el que obligó a las dos comunidades musulmanas que lo impulsan a ubicarlo en el polígono Torre Mirona.